Registro de asociaciones gobierno de canarias

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Gran canaria

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, anunció ayer a la Asociación Empresarial de Gestores Inmobiliarios que se ha puesto en marcha una orden para crear el primer registro público de Agentes Inmobiliarios de Canarias.
El registro pretende ayudar a los compradores o arrendatarios de inmuebles a identificar a los profesionales del sector de forma adecuada, con transparencia y garantías de servicio, para proteger a los consumidores y fomentar la calidad de un servicio que suele suponer grandes desembolsos de dinero para las personas.
La inscripción será gratuita y voluntaria, pero será necesario tener un domicilio fiscal en Canarias, con un establecimiento abierto al público, o prestar un servicio de videoconferencia en las islas y acreditar su capacidad profesional mediante la pertenencia al Colegio Oficial, u otros criterios de cualificación y experiencia profesional certificada.
La consejera también anunció la intención de iniciar estos trámites con los representantes del sector, con el objetivo de regular el sector inmobiliario, permitiendo un mejor acceso al parque de viviendas de Canarias y cumpliendo así con uno de los ejes principales del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.

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Según la agencia de Movimientos Turísticos en Fronteras, Frontur, España recibió 13,7 millones de visitantes internacionales durante el primer trimestre de 2018, lo que supone un aumento del 6% respecto a las cifras de 2017. Con 1,4 millones de visitantes que optaron por alojarse en alojamientos de alquiler vacacional, lo que supone un saludable aumento del 7% interanual, y eso solo con las cifras oficiales. Teniendo en cuenta que muchas viviendas de corta estancia siguen sin estar registradas en España, esperamos que la cifra real sea mucho mayor.
Hace cinco años que el gobierno español excluyó el alquiler vacacional de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) y delegó la tarea de regular el sector en sus 17 gobiernos regionales. Sólo hay un par de las 17 comunidades autónomas que todavía no han regulado los alojamientos de alquiler vacacional. Conozca la situación más reciente en su región.
La ley canaria de alquiler vacacional ha sido controvertida desde que se presentó por primera vez en 2014. Había artículos dentro de la ley que imposibilitaban el alquiler de cientos de viviendas vacacionales en las islas, como el periodo de espera obligatorio del alquiler, la necesidad de alquilar la vivienda como una unidad completa y la exclusión del alquiler vacacional de las zonas turísticas.

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Además de otros certificados, somos la única escuela de parapente en todo el mundo que cuenta con el Certificado de la Asociación Suiza de Parapente fuera de Suiza, y ya tenemos este certificado desde hace más de diez años, lo que garantiza un servicio de alta calidad, instructores con la mejor formación y seguridad.
La Palma es un paraíso del parapente. Aunque se puede volar todo el año, las mejores condiciones se dan entre octubre y abril. Las excelentes condiciones para los vuelos libres le permiten volar desde los altos volcanes hasta las exóticas playas.

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o Autónomos: personas físicas sin asalariados que ejercen una actividad económica de forma regular, personal y directa, incluidos los autónomos dependientes. Quedan excluidos de este concepto los siguientes
o Autónomos societarios, entendidos como aquellos que trabajan para una empresa como autónomos y, al mismo tiempo, tienen parte del capital social de la empresa, o forman parte de los órganos de administración de la misma.
Podrán obtener la condición de beneficiarios los autónomos y las pequeñas y medianas empresas que estén dados de alta en 2019 y 2020 y continúen activos a la entrada en vigor de este Decreto-Ley en los epígrafes del IAE descritos en el Anexo 3 del Decreto-Ley y que hayan sufrido una reducción igual o superior al 30% del volumen de ventas en el segundo semestre del año 2020 respecto al mismo semestre de 2019.
o Haber sido sancionado o condenado mediante resolución administrativa o sentencia, ambas firmes, por ejercer o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o género en los últimos 2 años.

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